9 de agosto de 2022

La mayor estafa a los santafesinos queda impune

La Justicia resolvió declarar extinguida la acción penal de la causa por el vaciamiento del ex Banco de Santa Fe. Estaban involucradas 40 personas entre ex directivos y funcionarios de gobierno entre los años 84 y el 90.

El 27 de agosto de 1990 integrantes de la Comisión Gremial de Empleados del Banco Provincial de Santa Fe y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) radicaron una denuncia penal contra exdirectores de la entidad bancaria santafesina. La demanda era por el delito de vaciamiento.

Casi 31 años después, y tras un largo derrotero en los tribunales, la Justicia provincial declaró la prescripción de la causa.

El juez penal de 1° instancia, Pablo Osvaldo Busaniche, declaró extinguida la acción penal por haber operado la prescripción respecto a todos los hechos que fueran denunciados.

La causa fue caratulada «ALZUETA, Julio Cesar y otros s/casos especiales de defraudación».

Busaniche advierte que la prescripción es un instituto perteneciente al derecho de fondo que regula la Nación, y por su naturaleza jurídica y fines del legislador hace efectiva la garantía constitucional que detenta todo ciudadano sometido a proceso de ser juzgado en un plazo razonable, por lo que nunca puede serle oponibles cuestiones formales ordenadas por Códigos procesales provinciales.

En esa dirección, resalta que “la prescripción de la acción penal conforme lo establece el Código Penal y de acuerdo a los delitos achacados, debió haber sido declarada de oficio a los seis años desde la cesación de los hechos sindicados y denunciados en agosto del año 1990, o como máximo –tope impuesto por ley- a los 12 años de aquellos sucesos”.

Por último, afirmó que “todos los razonamientos posibles –con análisis de todas las hipótesis presentadas por las partes- conducen invariablemente a la convicción absoluta de que es necesario declarar que la acción penal en los hechos de referencia, se encuentran absolutamente extinguida por haber operado la prescripción de la ley conforme el instituto regulado en el derecho de fondo”.

Por esta decisión judicial, los ex directivos implicados en la causa quedaron libres de culpa y cargo. El vaciamiento significó un defalco para la banca pública estimada en 1.000 millones de dólares.

fuente: http://fmactivavera.net/